RESOLUCIONES RECIENTES EN MATERIA CONSTITUCIONAL (10 de mayo, 2024)

Caso: Hábeas Data contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

Sentencia EXP. N.° 00639-2023-PHD/TC

Ponente: Gustavo Gutiérrez Ticse

Antecedentes de hecho:

Con fecha 27 de diciembre de 2019, don Jorge Aquino García interpuso una demanda de hábeas data contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Asimismo, mediante solicitud requirió a la demandada la documentación referida, la cual obra en el Expediente 000-URD020-2019-646095-3 que, sin embargo, transcurrido el plazo legal no obtuvo respuesta, considerándose vulnerado su derecho de acceso a la información pública. Con fecha 16 de octubre de 2019, SUNAT, mediante la Carta 57-2019-SUNAT/3Z0000, notificada al recurrente en la misma fecha, dentro del plazo de ley, se le comunicó al demandante que las copias solicitadas se encontraban a su disposición en la Unidad de Recepción Documentaria, previo pago del costo de reproducción y que de no requerirse su entrega en el plazo de 30 días calendario las solicitudes serían archivadas; sin embargo, el recurrente no recabó la documentación solicitada. En ese sentido, el recurrente solicitó, además de los costos procesales, que se le entregue copia certificada de las 10 primeras hojas de la Resolución 63- 2018, emitida por la Oficina de Soporte Administrativo de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal, alegando la vulneración de su derecho de acceso a la información pública.

Argumentación del TC:

El Tribunal Constitucional señaló que no solo se afecta el derecho de acceso a la información pública tiene una faz positiva, según la cual este derecho impone a los órganos de la Administración pública el deber de informar, y una faz negativa, la cual exige que la información que se proporcione no sea falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa. Asimismo, señala que la entidad demandada, Sunat, es una entidad pública. Por tanto, se encuentra bajo los alcances de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sobre el caso en concreto y la solicitud de las 10 copias, el Tribunal señaló que si bien al actor le asiste el derecho a acceder a las copias solicitadas, también tiene la obligación constitucional de pagar el costo de reproducción de la información requerida: 10 páginas a 2 soles valor que evidencia un costo razonable por la reproducción, por lo que tampoco se advierte que el costo liquidado suponga una restricción irrazonable para acceder a la información requerida.

Fallo del Tribunal:

El Tribunal Constitucional declara infundada la demanda presentada por Jorge Aquino García.

Comentario:

El análisis realizado por el Tribunal permite resaltar que la reproducción de información solicitada en ejercicio del derecho de acceso a la información pública implica un costo que el administrado debe de cumplir. En ese sentido, la obligatoriedad del pago resulta ser una condición necesaria (o carga) para gozar del derecho de acceso a información pública (forma parte del derecho en sí). No obstante, este debe ser real y fundamentado, pues el derecho que aquí tratamos no debe ser un mecanismo de obtención de ingresos adicionales para el Estado, teniendo en cuenta, además, el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto de que el solicitante de la información deberá abonar solamente el importe del costo de reproducción entendido como tasa aplicable.

Link: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2024/00639-2023-HD.pdf

Caso: Acción de amparo y autodeterminación de las partes

Sentencia EXP. N.° 02700-2023-PA/TC

Ponente: Helder Domínguez Haro

Antecedentes de hecho:

Con fecha 18 de julio de 2018, el recurrente interpuso una demanda de amparo en contra de la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima y el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, a fin de que se declare nula la Resolución 9 que declaró improcedente su recurso de anulación de laudo arbitral. Las partes pactaron en el contrato, en la Cláusula 21.1, que para la interposición de un recurso de anulación contra el laudo se constituirá una fianza bancaria o carta de crédito stand by a favor del Tribunal Arbitral. Posteriormente, el 31 de agosto de 2021, la Corte Superior de Justicia de Lima , declaró improcedente la demanda, por considerar que la resolución materia de controversia se encuentra motivada, toda vez que expone los fundamentos que sustentaron la decisión adoptada, por la cual dicho órgano jurisdiccional se encuentra impedido para conocer el recurso de anulación de laudo arbitral interpuesto, pues el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha cumplido con el requisito previo establecido en el convenio arbitral, y que es de obligatorio cumplimiento.

Argumentación del TC:

El Tribunal Constitucional señaló que el Ministerio ahora demandante no cumplió con la presentación de la carta fianza ante el Tribunal Arbitral, por el monto de USD 200000.00 (doscientos mil dólares americanos), antes de la interposición del recurso; por tanto, dado que su presentación era requisito indispensable para la admisión del recurso de anulación, este se rechazó, por lo que ya no cabía emitir pronunciamiento sobre la pretensión impugnatoria. De lo mencionado en los fundamentos precedentes, desde el punto de vista del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a criterio de esta Sala del Tribunal Constitucional no cabe plantear objeción alguna contra la cuestionada resolución, toda vez que esta ha expuesto las razones de hecho y derecho que sustenta su decisión, por lo que corresponde desestimar la presente demanda. Asimismo, afirmó que solo cabe revisar las decisiones emitidas por la jurisdicción ordinaria cuando éstas, y sus efectos, contravengan los principios que informan la función jurisdiccional encomendada o los pronunciamientos adoptados vulneren los principios razonabilidad y proporcionalidad, afectando con ello de modo manifiesto y grave cualquier derecho fundamental, lo cual no se advierte de autos.

Fallo del Tribunal:

El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo.

Comentario:

En primer lugar, el Tribunal Constitucional se abstiene de intervenir un contrato de concesión en atención a la principal característica del derecho privado: la autodeterminación de las partes. En ese sentido, las cláusulas pactadas por estas son consideradas como cargas, debido a que deben cumplirse en tanto las partes deseen gozar de una situación jurídica de ventaja, como recurrir a la vía jurisdiccional o arbitral. En segundo lugar, el Tribunal reafirma la cuestión respecto de que el juez constitucional sólo puede revisar decisiones jurisdiccionales emitidas por la judicatura ordinaria si estas contienen vicios graves de razonamiento o motivación o errores o déficits de interpretación constitucional; es decir, si contravienen los principios que informan la función jurisdiccional encomendada, o los pronunciamientos adoptados vulneren los principios de razonabilidad y proporcionalidad, afectando con ello de modo manifiesto y grave cualquier derecho fundamental. Cuestión que no se presenta en el caso en concreto.

Link: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2024/02700-2023-AA.pdf

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